Gobernadores advirtieron que irán a la Justicia por la apropiación de recursos provinciales desde la Nación

Gobernadores de 19 provincias consensuaron un documento donde solicitan al Gobierno nacional compensaciones por las medidas económicas anunciadas la semana pasada vinculadas al congelamiento de los combustibles, el IVA y Ganancias, "en resguardo de las finanzas provinciales", indicaron a la salida del encuentro.

Los mandatarios provinciales se reunieron desde las 11 hasta las 13 en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) donde coincidieron en que las decisiones económicas anunciadas "no fueron consensuadas con los gobiernos provinciales" y amenazaron con "ir a la Justicia" en tanto sigan en pie.

Te recomendamos: El contenido del documento firmado por los gobernadores contra las medidas de Macri

El documento consta de la siguiente declaración: “Ante los anuncios realizados por el Gobierno nacional, después de las Paso, y en medio de un clima electoral, nos vemos en la obligación de expresar lo siguiente:

1) En primer lugar, dejamos bien en claro que no estamos en contra de ninguna medida de gobierno que tenga como objetivo paliar la grave situación económica que atraviesa la mayoría de los sectores de nuestra sociedad, empezando por los trabajadores que vienen perdiendo el poder adquisitivo de sus ingresos... pero, las medidas que se han dado a conocer, realizadas en forma inconsulta, unilateral y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontar las mismas, nos hace compartir esos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias argentinas, generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento.

Te recomendamos: Macri almorzó con los mandatarios de Juntos por el Cambio en la quinta de Olivos

En este estado de cosas, si bien nos parece positivo que el Gobierno nacional decida aplicar paliativos para algunos sectores, lo que no puede hacer es disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias, tanto por el presupuesto en ejecución, como por el pacto fiscal, en el que casualmente acordamos esfuerzos y renunciamientos para garantizar una previsibilidad que hoy, en forma arbitraria, se está vulnerando.

2) Estamos en grave peligro de no poder afrontar nuestros gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la paz social en cada uno de los estados que representamos. Y ante todo eso, no podemos permitir que se apropien de los recursos provinciales por parte del Estado nacional, solo por el justificativo de intentar atemperar las consecuencias perjudiciales, precisamente de sus propias malas políticas económicas y financieras, de las cuales los estados provinciales no tenemos ninguna responsabilidad... por el contrario, hemos sido eficientes a la hora de cumplir con cada una de nuestras obligaciones y compromisos firmados.

3) Es a todas luces tan arbitraria y perjudicial esta acción del Estado nacional, que al privarnos de los ingresos por ley en vigencia que nos corresponden nos pone al borde de una grave crisis que puede empujar, incluso, a la toma de medidas de carácter excepcional o de emergencia, algo que sumaría más perjuicios a nuestro país, en medio de este complejo momento que estamos viviendo.

4) Expresamos enérgicamente que vamos a defender los intereses de nuestros representados si es que esta actitud errática y flagelante hacia nuestros derechos no se revierte.

Por lo tanto, exigimos se instrumenten las compensaciones financieras correspondientes para poder cumplir con el normal funcionamiento y la salvaguarda en la prestación de los servicios de seguridad, salud, educación y justicia que están a nuestro cargo.

Quedamos, como lo hemos demostrado siempre, abiertos al diálogo franco y responsable, dejando sentado que de no ser así, nos veremos en la necesidad de buscar amparo judicial a nuestros derechos, ante un daño irreparable que no admite dilaciones, teniendo en cuenta el contexto actual.

Firmaron el documento los gobernadores de Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, Río Negro, San Luis, La Rioja, La Pampa, Formosa, Catamarca, Entre Ríos, Chaco, San Juan, Neuquén, Salta, Misiones, Santa Fe, Chubut y los representantes de las gobernaciones de Córdoba y Santa Cruz.